La minería ilegal ha emergido como un flagelo en el corazón de Perú, presentando consecuencias devastadoras tanto a nivel económico como social y ambiental. Los resultados de un estudio exhaustivo presentado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) revelan un panorama alarmante: pérdidas anuales de más de S/ 22.700 millones de soles, equivalentes al 2.5% del Producto Bruto Interno del país, producto de la producción minera no formal.
El crecimiento acelerado de esta actividad clandestina ha alcanzado una tasa anual del 11.7% durante la última década, superando incluso al valor de producción del narcotráfico. Además, este problema no se limita a la economía, sino que se entrelaza con graves consecuencias sociales, medioambientales y de seguridad nacional.
Las palabras del gerente general de V&C Analistas, Dante Vera Miller, enfatizan el alcance pernicioso de la minería ilegal. Esta práctica no solo carece de gestión ambiental y fiscalización, sino que se lleva a cabo en condiciones precarias y con sistemas laborales cercanos a la esclavitud.
Las repercusiones de esta actividad ilícita se extienden a la biodiversidad y al ambiente. En los últimos años, se han destruido enormes extensiones de bosques, con aproximadamente 2.6 millones de hectáreas depredadas entre 2001 y 2020. Solo en Madre de Dios, los daños causados por la extracción de oro aluvial se estiman en más de 526 millones de dólares en el año 2022.
A pesar de intentos previos de formalización de la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) a cargo del Ministerio de Energía y Minas, solo se ha logrado formalizar alrededor del 12% de los mineros inscritos a nivel nacional, demostrando la magnitud del desafío.
La propuesta de acción presentada en el estudio sugiere un enfoque integral que aborde el problema desde diversas perspectivas. Esto incluye la clasificación de la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional, la creación de políticas específicas para su combate, la recuperación de la autoridad en áreas afectadas y el cese de procesos extraordinarios de formalización, entre otros aspectos.
Se hace hincapié en el fortalecimiento de la presencia estatal, la coordinación entre distintas entidades y la implementación de sistemas de trazabilidad y control en la cadena productiva, involucrando al sector privado.
La solución a esta problemática no solo requiere medidas de corto plazo, sino también un compromiso sostenido en el tiempo, adaptado a las realidades territoriales de cada región afectada. Solo a través de un esfuerzo conjunto, políticas claras y acciones coordinadas, Perú podrá enfrentar y superar esta grave crisis.
La minería ilegal no es solo un problema económico, es una amenaza multidimensional que requiere atención inmediata. Es responsabilidad de todos los peruanos cerrar filas y abordar esta problemática con determinación, visión a largo plazo y acciones concretas para recuperar la integridad del país.
Comments